Estas son las 8 empresas de vigilancia que le hicieron chanchullo al Estado

Violaron (de nuevo) las leyes de libre competencia en licitaciones públicas.

Seguridad privada
| Superseguridad

Por esto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra estas. Según esa entidad, la libre competencia económica fue violada en al menos 26 procesos de contratación pública.

La SIC encontró que las 8 empresas investigadas, presuntamente habrían conformado “de facto” o de hecho un Grupo empresarial denominado “Grupo SMG”, que actuaba bajo el presunto control de Jorge Arturo Moreno Ojeda, por medio del cual se habrían manipulado a través de prácticas anticompetitivas, numerosos procesos de contratación estatal con diferentes entidades estatales.

“La práctica anticompetitiva que se investiga por la Superindustria presuntamente habría consistido en que las empresas simulaban ser competidoras independientes en licitaciones públicas por un valor superior a los 30 mil millones de pesos entre el 2012 y el 2015, cuando en realidad habrían presuntamente actuado de forma coordinada, concertada y bajo la dirección de su controlante oculto, Jorge Arturo Moreno Ojeda”, aseguró el ente de control en un comunicado.

Con base en lo anterior, las empresas investigadas por la SIC son:

  1. Guardianes
  2. Starcoop
  3. Cobasec
  4. CENTINEL
  5. Expertos
  6. Insevig
  7. Security Management Group
  8. Sejarpi C.T.A

La investigación también determinó que, presuntamente, con el accionar de estas compañías se afectaron entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Educación de Bogotá y el Ministerio de Trabajo, entre otras entidades.

Además de las empresas mencionadas, la SIC formuló pliego de cargos contra Moreno Ojeda y otros altos directivos de las empresas investigadas. Las acusa de “presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la conducta violatoria de la libre competencia económica”.

Contra la decisión del ente de control no procede ningún recurso.

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